Porque lo público también merece cobertura a medida.
Es un conjunto de soluciones diseñadas para proteger el patrimonio, las personas y la operativa de entidades públicas, como ayuntamientos, organismos autónomos, diputaciones o empresas públicas. Están adaptados a la normativa vigente y a los requisitos específicos del sector público en materia de contratación, transparencia y gestión de riesgo.
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